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Ministra TIC, Sylvia Constaín

En Colombia persiste una brecha digital que se evidencia tanto por estratos como por zonas geográficas. Así, los servicios fijos de telefonía, Internet y televisión para el cuarto trimestre del 2017 evidencian que a nivel nacional el servicio de telefonía fija presenta la mayor penetración con un 14,18%, seguido del servicio de Internet fijo con el 12,82% y por último el servicio de televisión por suscripción con una penetración del 11,30%, lo cual evidencia la baja penetración de estos servicios en Colombia. Igualmente, existe una disparidad geográfica en la penetración de los servicios fijos al compararla con el porcentaje poblacional acumulado. Por ejemplo, para el 20% de la población acumulada del país que está más desconectada, la penetración de los servicios fijos es inferior al 3%.

El Proyecto de Ley de Modernización del Sector TIC propone reformas institucionales para generar un entorno legal más moderno, adecuado a los requerimientos tecnológicos y de mercado que hoy caracterizan al sector TIC, con una optimización en la estructura institucional sectorial, la generación de incentivos para la inversión y la competencia en el mercado, en búsqueda de la maximización del bienestar social y teniendo como objetivo fundamental generar las condiciones para conectar a todos los colombianos.

Lo anterior hace necesario eliminar la división artificial, de origen legal, para que exista en materia de diseño de política y regulación del Sector TIC y el subsector de televisión, aunque en la práctica los actores de estos servicios y mercados se encuentran en un contexto de migración de la prestación de todos los servicios TIC hacia las redes de Internet. Es decir, confluyen en un mismo mercado con funcionalidades similares (resuelven necesidades similares) y entre diferentes tecnologías que proveen, en esencia, el mismo servicio.

Por lo anterior, el Proyecto de Ley propone realizar una distribución funcional de competencias entre entidades públicas que permita el desarrollo efectivo de las mismas, con una visión de largo plazo: en cuanto al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), se busca el fortalecimiento de sus funciones de manera que se encargue de asignar el espectro radioeléctrico con fundamento en estudios técnicos y económicos. Así mismo, se mantiene en el MinTIC la vigilancia y control del sector TIC. Por otra parte, el Proyecto de Ley asegura la independencia de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la cual no estará sujeta a control jerárquico o de tutela alguno y sus actos sólo serán susceptibles de control ante la jurisdicción competente. La CRC tendrá independencia administrativa, técnica, patrimonial, presupuestal y personería jurídica.

Adicionalmente, la existencia de dos fondos de servicio universal ha generado la dispersión de las inversiones en múltiples ejes de política, algunos de ellos coyunturales y de corto plazo, y la falta de continuidad sistemática de las inversiones en el tiempo. Con la creación de un Fondo Único TIC, se evitará que la planeación y la toma de decisiones sobre el uso de los recursos las tomen, en la práctica, dos entidades distintas, permitiendo la formulación de una política pública única de largo plazo para el sector, donde se puedan focalizar y priorizar los programas y proyectos de acceso y servicio universal, la producción de contenidos multiplataforma y aplicaciones, y el apoyo a la apropiación de las TIC por parte de la población, todo esto asegurando la continuidad en el tiempo.

Estas reformas son apremiantes porque el país necesita avanzar decididamente en el cierre de la brecha digital y llevar la oferta institucional a la población pobre, vulnerable, y en zonas apartadas del país. No actuar oportunamente en esta materia genera el riesgo de profundizar las brechas y desigualdades sociales y económicas.

• Regulador único e independiente

Las modificaciones propuestas, implican la creación de un regulador único e independiente que atienda a las recomendaciones de la OCDE y permita lograr: “(...) una clara separación entre la política industrial, y la regulación de la competencia y del sector, y reduciría la exposición de la acción regulatoria a motivaciones políticas (...)”. 

El mismo estudio indica que en los países de la OCDE que tienen un regulador independiente se ha observado que este: “(...) ha ayudado a promover la competencia y a evitar conflictos de interés, especialmente en aquellos países con operadores de telecomunicaciones de titularidad pública”. (OCDE, “Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en Colombia”, 2014).

Por ello, la nueva Comisión de Regulación de Comunicaciones que propone el proyecto de Ley será una Unidad Administrativa Especial, del orden nacional, con independencia administrativa, técnica, patrimonial, presupuestal, y con personería jurídica, la cual forma parte del Sector administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La CRC no estará sujeta a control jerárquico o de tutela alguno y sus actos sólo son susceptibles de control ante la jurisdicción competente. Adicionalmente, los recursos para el funcionamiento del regulador se obtendrán mediante el pago de una contribución a cargo de los sujetos regulados e ingresarán a su patrimonio (actualmente esta entidad no posee patrimonio ni personería jurídica), brindándole autonomía respecto de la distribución de recursos orientada por la cabeza de sector.

• Garantías de pluralismo informativo

El Proyecto garantiza el pluralismo informativo porque permitirá la conectividad en todo el territorio nacional y la participación de los ciudadanos que hoy se encuentran en los lugares más apartados de Colombia, con dificultades para acceder a la oferta institucional, a la información y a los servicios a través de Internet.

Adicionalmente, la eliminación de barreras para la prestación del servicio de televisión (mediante la habilitación general), aumenta la libertad y participación, que actualmente está limitada por el régimen concesional. Esto facilita la difusión de contenidos y el pluralismo informativo, porque elimina barreras de acceso. Así mismo, no se modifican las garantías expresadas en la Constitución Política y la Ley 182 de 1995, se mantiene la libertad de expresión y difusión de los contenidos de la programación y de la publicidad en el servicio de televisión, los cuales no serán objeto de censura ni control previo. Se mantienen las competencias para la definición de las condiciones de prestación del servicio de televisión que se transfieren al regulador único e independiente. En general, no se propone una regulación de los contenidos ni se agregan funciones nuevas en esta materia.

• Duración de los permisos de uso del espectro radioeléctrico

El Proyecto de Ley plantea la ampliación de la vigencia máxima hasta la cual podrán otorgarse los permisos de uso del espectro radioeléctrico para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, hasta por 30 años. Esto se fundamenta en la necesidad de incrementar la seguridad jurídica de la inversión y, además, generar condiciones más adecuadas en el contexto global para ésta. Al respecto, debe señalarse que Colombia es el octavo país de Latinoamérica en asignación de espectro IMT (Telecomunicaciones Móviles Internacionales, por sus siglas en inglés), detrás de Venezuela, y concede los permisos de uso del espectro de menor duración, situación que se deriva claramente en un rezago en la asignación y aprovechamiento de este recurso como el insumo necesario clave para garantizar la ampliación de la conectividad en el país (en especial en zonas rurales y de difícil acceso).

El Proyecto de Ley contempla (en el artículo 9 que modifica el artículo 12 de la Ley 1341 de 2009) que la asignación de estos permisos deberá realizarse mediante mecanismos de selección objetiva, previa convocatoria pública, para fomentar la inversión en infraestructura y maximizar el bienestar social, que sean compatibles con el desarrollo tecnológico futuro del país. Así mismo, el Proyecto de Ley mantiene las condiciones para la asignación y renovación de estos permisos y las complementa con requisitos más rigurosos para garantizar la calidad del servicio mediante el establecimiento de las condiciones expresas, claras y suficientes en el acto administrativo de asignación del permiso, que incorpore criterios como los planes de inversión, la expansión de la capacidad de las redes y la cobertura y la renovación tecnológica, razones de interés público y el reordenamiento nacional del espectro radioeléctrico.

• Garantía de la televisión pública

El Proyecto de Ley define que se mantendrá anualmente, por lo menos, el monto máximo de recursos que, desde la creación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (FonTV), fueron destinados por este a RTVC y a los canales regionales de televisión. Así mismo, se mantendrá, por lo menos, el monto promedio destinado a RTVC por el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC), desde su creación, para la radiodifusión sonora pública. Estos montos serán ajustados en el mismo porcentaje de variación anual del Índice de Precios al Consumidor. Debe indicarse que de haber aplicado la fórmula que se propone en el Proyecto de Ley (una regla de ajuste basada en la inflación), los recursos de todos los años entre 2014 y 2017 hubieran sido mayores a los que han sido recibidos dentro del modelo actual.

La distribución y destinación de los recursos del Fondo Único se define en la Ley, esto garantiza su focalización e impone el deber de cumplir las funciones legales que no se pueden modificar mediante acto administrativo unilateral de cada Gobierno, dentro de estas funciones se encuentran: el desarrollo de contenidos, la programación educativa y cultural a cargo del Estado, la promoción de contenidos digitales multiplataforma, el fortalecimiento de los canales públicos, la actualización tecnológica de los usuarios de menores recursos para la recepción de televisión digital abierta, el desarrollo de esquemas concursables para la promoción de contenidos digitales.

La industria que nutre el FonTV, y que financia la televisión pública, viene decreciendo: el ingreso por pauta publicitaria creció sólo 2% entre 2009 y 2016, mientras que la pauta en los medios digitales aumentó 34% en el mismo período. Adicionalmente, según cifras de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), la tasa de crecimiento de nuevos usuarios del servicio por suscripción viene desacelerándose en los últimos siete años, pasando de 10% en 2011 a 2,5% al cierre de 2017, esto significa menos ingresos por facturación. Lo anterior se refleja en la caída de los ingresos del FonTV entre 2014 y 2017, así: los ingresos dependientes de la televisión privada abierta radiodifundida disminuyeron 13%, los dependientes de la televisión local disminuyeron 23% y los dependientes de la TV comunitaria disminuyeron 51%. Si no contamos con reformas como la que se proponen en el proyecto de Ley la financiación de la televisión pública en el medio y largo plazo se verá comprometida.

En síntesis, con el fin de responder a este conjunto de cambios en la cadena de valor, diferentes países han adoptado medidas de transformación normativas e institucionales, que permitan unificar la regulación de mercados y darle independencia, con enfoque de reducción de las cargas para acelerar el dinamismo del Sector. Gracias a estas reformas, países como México, Chile, Argentina, avanzan casi al doble de ritmo que Colombia (por ejemplo, en penetración de banda ancha móvil). Sin embargo, el marco institucional y normativo del sector TIC no se encuentra adecuado para responder de manera integral a la convergencia tecnológica y de mercados y para lograr el cierre efectivo de la brecha digital.

Esto promoverá un crecimiento económico basado en aumentos de la productividad y contribuirá a la reducción de la desigualdad. Por ejemplo, las compras en línea llevan a un 5,1% de ahorro del PIB per cápita al año, equivalente a 1,1 millones de pesos (DNP, 2018). Un aumento de 10pp en la penetración de Internet de banda ancha genera aumentos en productividad de hasta 2,61% y crea 67 mil nuevos empleos (BID, 2012). Un aumento de 10pp en la penetración de banda ancha fija se traduce en un aumento de la tasa de crecimiento del BID de 1,38 pp (Banco Mundial, 2009). Si se triplica la velocidad de conexión a Internet del país, el PIB per cápita podría aumentar hasta en 18,4 %, alcanzando niveles de países como México y Brasil (DNP, 2018).