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Foto de la sede del Ministerio TIC

Comunicado a la opinión pública

Nacional
Última actualización: 17 de abril de 2026

Ante los cuestionamientos que han circulado recientemente en algunos espacios públicos sobre una presunta participación en actividades de carácter político por parte de funcionarios del sector, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se permite informar:

  • En el marco de sus funciones, y conforme a las restricciones establecidas en la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías), los servidores públicos del Ministerio tienen expresamente prohibido participar en actividades de proselitismo político o utilizar su investidura para favorecer intereses electorales.
  • El Ministerio desconoce los señalamientos en los que se sugiere una presunta participación en este tipo de actividades por parte de funcionarios de la entidad. A la fecha, no se ha recibido ninguna denuncia formal ni evidencia que permita establecer la ocurrencia de conductas contrarias a la normatividad vigente.
  • En este sentido, no puede hablarse de participación política ni de utilización indebida del cargo, en tanto que no existen elementos objetivos que sustenten tales afirmaciones.
  • Se reitera que todos los servidores públicos del Ministerio TIC tienen la instrucción clara de actuar con estricto apego a los principios constitucionales y legales que rigen la función pública, garantizando la imparcialidad, la transparencia y el respeto por el marco normativo vigente.
  • Así mismo, el Ministerio enfatiza que el ejercicio de las funciones misionales del sector, particularmente en materia de transformación digital, se orienta exclusivamente a la promoción, implementación y fortalecimiento de políticas públicas, programas e iniciativas que contribuyan al desarrollo tecnológico del país y al bienestar de los ciudadanos, sin que ello implique, en ningún caso, intervención en asuntos de carácter electoral.
  • El Ministerio TIC reitera su disposición de atender cualquier requerimiento de las autoridades competentes y confía en que una valoración objetiva, integral y basada en hechos permitirá esclarecer la situación conforme a derecho.

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