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Durante un debate de control político realizado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes sobre la restricción de llamadas y mensajes no autorizadas en establecimientos penitenciarios, la ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, anunció que el Gobierno Nacional trabaja en un ajuste de los protocolos establecidos en el Decreto 0851 de 2024, para hacer más rápida y efectiva la respuesta frente a las comunicaciones que se originan desde las cárceles.

La regulación vigente contempla mecanismos para restringir las comunicaciones no autorizadas al interior de estos lugares, así como la articulación entre las autoridades competentes y los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.

"Es un trabajo conjunto donde necesitamos un compromiso de todos los responsables para disminuir los tiempos de actuación. El Ministerio está revisando el cambio de protocolos porque creemos que parte del problema está en identificar de dónde sale la comunicación y qué mecanismos tecnológicos se utilizan", señaló la ministra TIC.

Otros puntos clave de su intervención fueron:

• Trabajo interinstitucional para revisar no solo la operación de los inhibidores, sino el conjunto de mecanismos tecnológicos y administrativos necesarios para impedir que las comunicaciones no autorizadas continúen utilizándose para actividades delictivas.
• Mesas de trabajo permanentes entre los ministerios TIC y de Justicia, y definición de una línea base, para hacer seguimiento a la efectividad de las medidas.
• Acciones específicas para las plataformas digitales. La ministra explicó que los servicios de telefonía móvil y aplicaciones como WhatsApp requieren tratamientos diferenciados. El Ministerio TIC avanza con Meta y los operadores para tener acciones articuladas que permitan actuar desde las propias plataformas.
• El Ministerio TIC y la CRC trabajan en medidas para dificultar el envío de mensajes de texto utilizados en extorsiones y otros delitos desde los establecimientos penitenciarios.
• Estas acciones buscan identificar el origen de los mensajes, generar trazabilidad y fortalecer mecanismos de registro y etiquetado para mitigar su impacto sobre los ciudadanos.

El objetivo de esta estrategia interinstitucional es lograr una respuesta más rápida, permanente y medible frente al uso de las comunicaciones delictivas. Para ello, las entidades participantes realizarán un seguimiento continuo a las medidas implementadas, con el fin de comparar y entregar resultados tanto al Congreso como a la ciudadanía.