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Durante sus primeros 27 días de operación (fase inicial), el Equipo CazaRed: Niñez Segura, especializado en la caza de amenazas digitales del Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (ColCERT), mitigó la exposición a más de 15 millones de visualizaciones de contenidos que podían poner en riesgo la integridad de niños, y adolescentes. Esta cifra corresponde al 68 % del contenido identificado con posibles riesgos para esta población. Asimismo, se consolidaron 61 informes sobre los hallazgos y las acciones adelantadas por el equipo.

"Encontramos 1.200 publicaciones de distintos actores armados ilegales con el objetivo de reclutar a nuestros menores. De inmediato contactamos a todas las redes sociales, a la Policía y a la Fiscalía, y logramos la eliminación de 41 perfiles con alto alcance digital. El resultado: 15 millones de visualizaciones mitigadas, y más de 1 millón de reacciones bloqueadas", señaló la ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, durante la presentación del Equipo CazaRed: Niñez Segura.

La puesta en marcha de este equipo era un compromiso de la ministra Falla para luchar contra el reclutamiento de menores a través de redes sociales. La protección de la niñez, su intimidad, dignidad y derecho a no ser revictimizados son principios centrales de su trabajo.

Con resultados concretos, el Ministerio TIC le pone freno al accionar de grupos ilegales que utilizan los entornos digitales para captar y reclutar menores de edad. Este equipo, que continuará funcionando de manera permanente, tiene tres funciones principales: identificar señales de riesgo a partir del monitoreo de información pública, analizar posibles intentos de reclutamiento y activar los canales institucionales para poner los casos en conocimiento de las autoridades competentes y las plataformas digitales, según corresponda.

El equipo concentra capacidades técnicas y analíticas en la detección de contenidos, contactos y patrones digitales que podrían estar relacionados con la captación, uso o instrumentalización de menores por parte de estructuras armadas o grupos criminales.

Esto le permite identificar etiquetas, expresiones, ofertas engañosas, símbolos y narrativas que puedan atraer a menores o normalizar su vinculación a estructuras armadas o criminales.; analizar cuentas, publicaciones, enlaces y redes de difusión, y verificar contenidos para detectar información reutilizada o manipulada, reducir falsas alarmas y valorar el contexto territorial.

Por su parte, el ColCERT puede remitir reportes y apoyar solicitudes de revisión de contenidos que posiblemente infrinjan las políticas de seguridad o las normas comunitarias de las redes sociales. Las plataformas son las responsables de evaluar cada reporte y decidir las medidas que correspondan.

El equipo no sustituye las funciones de las autoridades judiciales ni de las entidades de protección. Su actuación se limita a fuentes de acceso público y a fines institucionales legítimos, con criterios de necesidad, minimización de datos, seguridad y confidencialidad.

Con este grupo se logra un trabajo conjunto más eficaz entre las autoridades competentes, las plataformas digitales y el ministerio TIC para evaluar y actuar rápidamente ante posibles incumplimientos de las normas en entornos digitales.

Un trabajo de tres acciones: detectar, analizar y activar:

• Define los riesgos, territorios y fenómenos que requieren atención prioritaria; recopila información de acceso público y recibe alertas institucionales. Además, organiza, verifica y preserva los datos.
• Analiza el contexto y el nivel de riesgo.
• Elabora informes para remitirlos a las entidades competentes.

Señales de alerta para las familias

La detección temprana requiere la atención de padres, madres y cuidadores. Una señal aislada no confirma un caso de reclutamiento, pero la combinación de cambios de comportamiento, contactos desconocidos y solicitudes inusuales, son señales de alerta que justifica conversar con el menor, monitorear su actividad digital y buscar orientación.

Actividades como contactos frecuentes con desconocidos que ofrecen amistad, protección, pertenencia, dinero, regalos, trabajo, viajes o reconocimiento; uso repentino de lenguaje, símbolos, música o contenidos que exaltan armas, estructuras armadas, violencia o poder territorial, e invitaciones a trasladar conversaciones a chats privados, aplicaciones cifradas, grupos cerrados o perfiles alternos, podrían ser signos de alerta.

También hay que estar pendiente de solicitudes de guardar secretos, borrar conversaciones, ocultar contactos o impedir que los adultos conozcan esas interacciones; preguntas insistentes sobre ubicación, colegio, horarios, rutas, composición familiar, fotografías o contactos cercanos; entrega de recargas, transferencias, monedas de videojuegos, dispositivos u otros beneficios de origen desconocido; presión para hacer favores, compartir información, transportar objetos, vigilar lugares, difundir contenidos o asistir a encuentros.

Los padres deben hacer seguimiento a cambios abruptos de ánimo, aislamiento, miedo, ansiedad, ausencias, alteraciones del sueño o disminución del rendimiento escolar, y a publicaciones de fotografías con armas, prendas alusivas a grupos o mensajes de despedida, lealtad o pertenencia.

Ante una sospecha de reclutamiento, uso o instrumentalización de menores, la ciudadanía puede acudir a los canales oficiales, que son gratuitos y no requieren intermediarios:

• 123: línea Policía Nacional: emergencias o situaciones de riesgo inmediato. Se puede solicitar apoyo de Infancia y Adolescencia.
• 141: línea ICBF: orientación, protección y atención ante amenazas o vulneraciones de derechos de la niñez.
• 122: línea Fiscalía General de la Nación: para poner en conocimiento posibles hechos delictivos.
• 147: línea Fuerzas Militares: para brindar información relacionada con grupos armados ilegales.
• También es posible solicitar orientación presencial ante la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal o la Procuraduría General de la Nación, según la disponibilidad territorial.

Una vez recibido el reporte, las entidades competentes evalúan el riesgo y pueden activar medidas de protección, atención, investigación y restablecimiento de derechos.